La acusación.
La
justicia dominicana está regida por una legislación procesal penal que ha
introducido cambios radicales en el proceso jurisdiccional, imponiendo nuevas
prácticas ligadas al debate.
Tanto
la relación procesal como la material, se basan en principios, normas y
derechos constitucionales, así como en los tratados y convenios internacionales
sobre los derechos humanos, de los cuales nuestro país es signatario.
Entre
los cambios que se han implementado a través del Código Procesal Penal, están
las funciones de los respectivos órganos y sujetos procesales, de modo que las
tareas de investigación, acusación y prueba queden a cargo de los
representantes del ministerio público, la defensa técnica a cargo de los
abogados, y el conocimiento y el fallo de los asuntos, a los jueces, conforme a
las pruebas sometidas al debate.
La
acusación, es el tema a tratar en esta exposición, el mismo, comprende una
recopilación de definiciones, aspectos legales, trámites, órganos y actores que
pueden ejercer la acusación en el derecho procesal penal.
En
general se entiende por acusación la que se ejercita ante el juez o el tribunal
de sentencia, contra la persona que en el sumario aparece como presunta
culpable, y se denomina denuncia el hecho a poner en conocimiento del juez
instructor la posible existencia de un delito y de un probable delincuente.
Capitant
define la acusación de la siguiente manera: ¨En sentido lato, el hecho
de llevar ante el tribunal represivo a una persona, como autora de una
infracción¨. Ej: el procedimiento
penal francés moderno adopta el sistema de la acusación pública, es decir, de
la acusación formulada por un cuerpo de magistrado, llamados los oficiales del
ministerio público, que son los encargados de especiales de esa función.
Acusación o denuncia falsa. Se
denomina así al delito que atenta contra el normal funcionamiento de la
administración de justicia y que consiste en imputar a otra persona, falsa y
dolosamente, la comisión de un delito de los que dan lugar a procedimiento de
oficio. Tal imputación se ha de hacer ante el funcionario administrativo o
judicial que por razón de su cargo deba proceder a su averiguación y castigo,
diferenciádose así del delito de la calumnia.
Acusado.
Persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Claro es que la
acusación no presupone la culpabilidad del imputado, ya que la causa que se le
siga puede ser sobreseída definitivamente o terminar en una absolución. En los
procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se le supone inocente
mientras no se pruebe lo contrario (art. 14 CPP).
Acusador.
Llámese así al ministerio fiscal o el particular que ejercita la acción penal
contra otra persona.
Acusación o imputación es
el cargo que se formula ante la autoridad competente contra persona o personas
determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el
objeto de que se le aplique la sanción prevista.
El
proceso penal, se inicia con la presentación de la acusación que consiste en
una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal, ya sea por
el ministerio público, por el acusador particular o por ambos a vez.
Imputar
u probar son aspectos imprescindibles de la tarea acusatoria. En el proceso
penal por su contenido, el acusado conocerá del hecho que se le imputa.
La
normativa procesal penal vigente establece que la acusación puede ser
presentada por el Ministerio Público o por la victima o querellante, según lo
prevé en el artículo 29 que dispone: La acción penal es pública o privada.
Cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público, sin perjuicio
de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su
ejercicio únicamente corresponde a la víctima.
De
igual manera, la legislación dispone en cuales casos pueden ser ejercida la
acción por el Ministerio Público y en cuales puede ejercer la victima (Arts. 31
y 32 CPP).
Ahora
bien, dentro de lo que es el ejercicio de la acción penal, el Código Procesal
Penal, las clasifica en:
1.
Acción pública
2.
Acción pública a instancia privada, y
3.
Acción privada
Base Legal de la Acusación
La
acusación está prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal, citando:
Cuando el ministerio público estima que la investigación proporciona fundamento
para someter a juicio al imputado, presenta la acusación requiriendo la
apertura de juicio. La acusación debe contener:
1.
Los datos que sirvan para identificar al imputado;
2.
La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al
imputado, con indicación específica de su participación;
3.
La fundamentación de la acusación, con la descripción de los elementos de
prueba que la motivan;
4.
La calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación;
5.
El ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en juicio, que incluye
la lista de testigos, peritos y todo otro elemento de prueba, con la indicación
de los hechos o circunstancias que se pretende probar, bajo pena de
inadmisibilidad.
ncargados
de la Acusación
Del
lado de la acusación y de la promoción de la persecución penal se ubica,
indudablemente, el Ministerio Público, órgano responsable directo de ejercer la
acción penal y de defender la pretensión correspondiente.
Además
el Ministerio Público, cuenta con la asistencia de la Policía Judicial o
investigativa, que en los modelos acusatorios, le corresponde una labor de
apoyo al Ministerio Público en lo que respecta a la investigación pertinente
propia de cada caso o proceso.
Igualmente,
en esta margen del contradictorio, también puede ser ubicada la victima, quien
tiene un interés particular, diferente del que corresponde al Ministerio
Público y a la policía judicial, pero que, en todo caso, llega a coincidir, en
muchas ocasiones con el de amas instituciones. Aparte, la victima, cuando se
trata de una persona física, suele convertirse en una de las pruebas de cargo
mas importantes para los efectos de sustentar y sostener la acusación.
La Acusación del Ministerio Público (Fiscal).
El
Ministerio Público es un órgano del Estado que tiene por función esencial
promover o ejercer la acción penal con el objetivo de defender la legalidad,
los derechos de las personas y el interés publico protegido por al ley, ya sea
de oficio o a petición de la parte interesada.
El
Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de
derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de
dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de
la sociedad, de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública;
proteger a las victimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice
y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes[1]
La
figura del Ministerio Público juega un rol importante en el régimen procesal
penal vigente, en razón de que como representante del Estado y de la sociedad,
tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y orden público, además está
facultado para actuar como acusador en los casos considerados como perjudiciales
para la sociedad y el Estado.
El
Ministerio Público deberá someter sus actuaciones a los dictados de la
Constitución, de las leyes y a los establecidos en los tratados internacionales
ratificados por la República Dominicana.
Corresponde
al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal, sin perjuicio
de la participación de la victima o de los ciudadanos en el proceso conforme a
lo que establece la Ley. Para ello tiene atribuciones, entre las cuales se
pueden señalar:
a)
Investigar los hechos punibles de la acción pública;
b)
Representar y defender el interés público con respecto a todas las infracciones
y asuntos que se requieran conforme a la ley;
c)
Velar por la observación de la Constitución, las leyes y las libertades
públicas fundamentales en todo el territorio nacional, procurando su respeto y
proveyendo la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia en
los procesos en que estén comprometidos o afectados el orden público y las
buenas costumbres;
d)
Poner en movimiento y ejercer la acción pública en los casos que corresponda:
e)
Adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, los incapaces y los
indigentes;
f)
Las demás atribuciones que establezcan las leyes.
De
igual manera la función del Ministerio Público, está prevista en el Código
Procesal Penal, en los siguientes artículos:
Art.
30.Obligatoriedad de la acción pública. El Ministerio Público debe perseguir de
oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan
suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública
no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo
establecido en este código y las leyes.
Art.
88. Funciones. El ministerio público dirige la investigación y practica u
ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la
ocurrencia del hecho punible y su responsable.
Art.
89. Unidad y jerarquía. El ministerio público es único e indivisible: cada uno
de sus funcionarios, cuando actúa en un procedimiento, lo representa
íntegramente.
Una
de las tareas más importantes funciones del Ministerio Público la constituye,
lo es sin lugar a dudas, el ejercicio de la acción penal, con todas sus
implicaciones. Todos los actos de investigación forman parte de esa labor, en
la medida en que constituyen el antecedente y el fundamento para promover la
acción.
La
acusación deberá contener los datos que permitan identificar al imputado, una
relación precisa y circunstanciada de los hechos, y la cita de los preceptos
jurídicos aplicables; sin embargo, debe contener además, el ofrecimiento de
prueba para el juicio, y también un adecuado fundamento de convicción que
motivan la acusación (art. 294 citado)
Es
decir, que el fiscal debe fundamentar en forma precisa las razones por las
cuales en su opinión en el caso se justifica la apertura de un juicio, según
los elementos de prueba que se esperan reproducir en la audiencia oral.
ES
el funcionario encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción
competente y continúa haciéndolo durante el juicio sosteniendo la acusación y
los recursos cuando corresponda. Si el funcionario del ministerio público no
reúne los requisitos para actuar ante la jurisdicción en la que se sustancia
acción, actúa como asistente del funcionario habilitado ante esa jurisdicción.
La Acusación De La Victima O
Querellante.
La
victima y el querellante, son actores procesales que van a la par con el
Ministerio Público en lo que respeta a la acusación, se encuentran amparados en
el Código Procesal Penal, en los siguientes artículos:
Art.
83. La víctima. Se considera víctima:
1.
Al directamente ofendido por el hecho punible;
2.
Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes
dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los
herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente
ofendido;
3. A
los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a
una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o
controlan;
Art.
84. Derechos de la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse
como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes:
1.
Recibir un trato digno y respetuoso;
2.
Ser respetada en su intimidad;
3.
Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares;
4.
Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código;
5.
Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;
6.
Ser informada de los resultados del procedimiento;
7.
Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de
la acción penal, siempre que ella lo solicite.
El
Querellante:
Art.
85. Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante,
promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones
establecidas en este código.
En
los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden
constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes,
siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos
intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho.
En
los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de su
función o con ocasión de ella, y en las violaciones de derechos humanos,
cualquier persona puede constituirse como querellante.
Las
entidades del sector público no pueden ser querellantes. Corresponde al
ministerio público la representación de los intereses del Estado en estos
casos. La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades
atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades.
Art.
86. Actuación y representación. El querellante es representado por un abogado.
En los casos en que la víctima puede delegar la acción civil a una organización
no gubernamental también puede delegar la acción penal.
Cuando
sean varios querellantes, deben actuar bajo la representación común de no más
de dos abogados, los que pueden ser designados de oficio por el juez o tribunal
en caso de que no se produzca un acuerdo.
Art.
87. Responsabilidad. El querellante es responsable, de conformidad con la ley,
cuando falsee los hechos o la prueba en que fundamenta su querella o cuando
litigue con temeridad.
De
conformidad con la acusación de la victima o del querellante, la ley que rige
la materia, prevé la acusación en acción pública a instancia privada y acción
privada.
La
Acción Pública A Instancia Privada. Se trata de una acusación de acción pública
a instancia privada, cuando el ejercicio de la acción pública depende de una
instancia privada, y el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con
la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga (art. 31 CPP).
La
instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por
parte de la víctima. Una vez presentada la instancia privada queda autorizada
la persecución de todos los imputados. Es decir, que si la victima desiste de
la acusación ésta se extingue, ya que el ministerio público actúa conforme el
interés de la víctima.
Sin
embargo, cuando se trata de un hecho punible que sea en perjuicio de un incapaz
que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres,
el tutor o el representante legal, el ministerio público la ejerce
directamente,
Depende
de instancia privada la persecución de los hechos punibles a saber:
Vías
de hecho;
Golpes
y heridas que no causen lesión permanente;
Amenaza,
salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de
sus funciones;
Robo
sin violencia y sin armas;
Estafa;
Abuso
de confianza;
Trabajo
pagado y no realizado o viceversa;
Revelación
de secretos;
Falsedades
en escrituras privadas.
La
Acción Privada. En este aspecto, la acción privada se ejerce con la acusación
de la víctima o su representante legal, conforme el procedimiento especial
previsto en este código. Está contemplado en el art. 32 del CPP, citando que
son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes:
1.
Violación de propiedad.
2.
Difamación e injuria.
3.
Violación de propiedad industrial.
4. Violación a la ley de cheques.
Trámite
de la Acusación
Cuando
el Ministerio Público tiene terminada la acusación, la notifica al querellante,
a la victima y al actor civil si lo hubiere, según lo previsto en los Art. 296
y 297 del Código Procesal Penal. El objeto de esta notificación, es ponerles en
conocimiento que se propone acusar, para que el querellante y la victima
decidan si se adhieren a la acusación que se propone presentar, o si presentan
acusación ante el Juez de la Instrucción. Para adherirse a la acusación del
fiscal, tanto el querellante como la victima, cuentan con un plazo de 3 días.
Si
en caso contrario, deciden acusar directamente, han de hacer depósito de su
acusación por escrito, con sus fundamentos y motivos dentro de los 10 días
siguientes al vencimiento del plazo de tres que tienen para adherirse a
acusación notificada por el fiscal.
Es
importante señalar, que tanto la acusación del querellante o de la victima, ha
de tener las mismas menciones de contenido previstas en el articulo 294 para la
acusación que presenta el fiscal y, está sujeta a las mismas condiciones d
admisibilidad.
Respecto
del actor civil, la notificación que le hace el fiscal de su acusación según
los términos del articulo 297, procura que éste, en el termino de 5 días
siguientes a la notificación, concrete sus pretensiones, lo que implica hacer
indicación de la clase y forma de reparación que demanda liquidar el monto de
los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento.
Excepciones
Art.
54. Motivos. El ministerio público y las partes pueden oponerse a la
prosecución de la acción por cualquiera de los siguientes motivos:
1.
Incompetencia;
2.
Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un
impedimento legal para proseguirla;
3.
Extinción de la acción penal;
4.
Cosa juzgada; y
5.
Litispendencia.
Si
concurren dos o más excepciones deben plantearse conjuntamente.
El
juez o tribunal competente, puede asumir, aun de oficio, la solución de
cualquiera de ellas, sin perjuicio de que el ministerio público, de oficio o a
solicitud de parte, dicte el archivo durante el procedimiento preparatorio.
